Clases privilegiadas de Paraguay provocan enfrentamientos
EDITORIAL
Ayer 29 de setiembre se recordaba un año más de la primera gran victoria paraguaya en la contienda chaqueña, la caída de Boquerón , la recuperación del fuerte por las gloriosas tropas paraguayas. Soldados, compatriotas, jóvenes nuestros que después de tantos días de resistencia y sufrimiento pudieron retomar Boquerón. Gloria y honor a nuestros héroes.
Ayer 29 de setiembre, el mismo día de recordación de la gesta de nuestros soldados en el Chaco, los diputados de la nación entregaban tierras, más riquezas y mas herramientas para seguir derrotando, maltratando, asesinando a los más pobres del país: los indígenas y campesinos pobres.
Y la batalla continuó en las plazas, en las calles de Asunción y varias ciudades del interior paraguayo, resistiendo el avance de una clase opresora que utiliza su poder para hambrear y fundir en la más absoluta pobreza a los más débiles de nuestra sociedad. Débiles no en dignidad, sino por la exclusión de parte de quienes detentan el poder. Es doloroso participar de enfrentamientos entre los pueblos indígenas y campesinos, los mas desprotegidos, por un lado, y la fuerza pública del Estado del otro lado. Es doloroso ver sangres que corren entre los indígenas y también dentro de las fuerzas policiales. Sangre entre hermanos.
Lo acontecido en el día de ayer, no fue un problema de seguridad, no es un asunto policial ni fiscal. La policía en vano solicita mejores equipamientos, actualización tecnológica, ni mejor entrenamiento para evitar estas situaciones. El tema no es una cuestión policial, es política.
Los parlamentarios, senadores y diputados, el partido de gobierno, los poderes económicos depredadores del ambiente, deforestadores y destructores de la tierra causaron todo alzando las penas por la lucha social, convirtiendo en crimen la lucha social y en criminales a quienes participan de ella. Y no se puede hablar en pasado, puesto que es posible que esto apenas empiece.
Desde hace varios días, 18 organizaciones indígenas que integran la Articulación Nacional por una Vida Digna – ANIVID- estuvieron presentando a senadores, diputados individualmente, a las bancadas, a las autoridades de las respectivas cámaras sus respectivos planteamientos y posiciones. Las organizaciones indígenas escribieron a cada diputado del departamento advirtiendo estos problemas de seguir con el proyecto. Los diputados, que son representantes departamentales no escucharon, callaron y con aplausos aprobaron el criminal proyecto de ley.
Los parlamentarios escucharon a los ganaderos, terratenientes, industriales, los agentes inmobiliarios, grupos de poder mafioso, inclusive, y llevaron adelante el proyecto de alzar las penas por lo que llaman “invasión a propiedades”, convirtiéndolo la lucha social en una cuestión criminal.
¿Quién define la invasión a la propiedad? ¿Cómo se define la propiedad? ¿Quién invade a quién? Los ganaderos hablan de falta de seguridad jurídica en la tenencia de las tierras. Los indigenas y campesinos denuncian que varios ganaderos, empresas productoras o inmobiliarias o de la patria sojera invaden sus tierras y que cuando buscan recuperarlas son acusados de invasión de propiedad. Pero, los indigenas no podrán demostrar que sus tierras fueron invadidas porque no hay juez ni fiscal ni parlamentario que salga a su favor. Ahora los ganaderos tienen una herramienta más. Convertirán en invasores a cuantos lideres y lideresas que luchan por la tenencia de la tierra. Sumarán a los miles de imputados ya por esta misma causa.
Y utilizarán sus medios de comunicación, medios concentrados en pocas manos y los medios del Estado para sepultar a los indígenas y campesinos y pobres bajo el estigma de criminales. Criminal porque emprende una lucha social. Esta ley anti pobre servirá para sostener los discursos de varios comunicadores para criminalizar la lucha social. Y esto duele y tiene un efecto que nadie sabe cómo explotará.
¿Qué Ocurrirá de los casi 8 millones de hectáreas de tierras mal concedidas en tiempos de la dictadura stronista denunciadas por la Comisión Verdad y Justicia?
El problema de la distribución de la tierra en el Paraguay es agudo, pobre y profundo. Mucha tierra en pocas manos. Pocas tierras en muchas manos y ninguna tierra para miles de familias. El Estado no ha buscado justicia en la distribución de la tierra, fomentó la concentración en manos de los ricos, muchos de ellos extranjeros con dudosos antecedentes.
La ocupación de los latifundios ha sido la forma legítima de iniciar una nueva colonización, nuevos pueblos, nuevas poblaciones, que con férrea lucha, pasando por desalojos, abusos, imputaciones, pero al final logran quedarse con la tierra con el reconocimiento de las instituciones. Desde las instituciones estatales muy pocas colonias surgieron y si así fuera, ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Por otro lado, ¿qué pasa con las tierras de los indígenas? ¿Por qué no tienen títulos? ¿Por qué no se otorgan tierras a las nuevas comunidades?
Los sectores ricos, clasistas en su ser y actuar, usaron las instituciones del Estado para enriquecerse y apoderarse de sus bienes, entre los más preciados, la tierra.
No nos queda otro camino que decir al Poder Ejecutivo que vete esta ley sancionada, que regrese a las cámaras del Parlamento y que sean convocados todos los sectores para encontrar un entendimiento sobre el punto. Si así no se hiciere, ¿de qué habrá servido la toma de Boquerón?
Es tiempo del reconocimiento real y práctica de los pueblos indígenas en el Paraguay. Es tiempo que los más pobres tengan sus tierras donde cultivar y construir sus familias porque tienen derechos. En ningún caso, los mas ricos deberán imponer sus voluntades, claro, si decimos estar en democracia.